En la siguiente colaboración, originalmente publicada en Contested Cities en el contexto del reciente nombramiento de Alejandro Aravena como Premio Pritzker 2016, el arquitecto Daniel Meza Corvalán indaga en el conocido modelo de la «media casa buena» propuesta por Aravena, entregándonos información fundamental para poder tomar parte en el debate que se ha originado en los últimos días entorno a su figura.
En Chile, la promoción de la vivienda social está actualmente atravesada por diversas visiones que van delimitando la actuación del Estado y de otros actores. Históricamente es posible identificar cómo la hegemonía de algunas visiones, ha derivado en la institucionalización de definiciones particulares sobre el qué, cómo, quién y dónde (se) produce (por) vivienda. Estas definiciones son fundamentales para entender la noción de vivienda en cada periodo y cómo estas se institucionalizan.
Sin ir más lejos, hemos visto como la legislación chilena asumió a principio de la década de los setenta ciertas condiciones habitacionales que posibiliten una reproducción “digna” de los trabajadores[1], declarando ello como un derecho universal e irrenunciable[2]; y luego, a finales de la misma década, ya en dictadura, se definió la vivienda social como un bien de mercado, definido por su precio de UF 400[3], que se adquiere como fruto directo del esfuerzo individual de las familias[4].
La continuidad de esta última visión es la que hasta hoy determina la lógica subsidiaria del Estado chileno en apoyar mediante subsidios el acceso al mercado de la población de más bajos ingresos. Si bien la reproducción de la lógica subsidiara permitió que, cuantitativamente, Chile fuese el primer país en la región en disminuir el déficit habitacional, los conjuntos de blocks y otras tipologías en densidad media resultantes, localizadas en nuevas periferias metropolitanas con escasos servicios y oportunidades, han instalado una nueva crisis que, en principio, pone en jaque la visión puramente mercantilista sobre la vivienda.
Inevitablemente, el reciente nombramiento del premio Pritzker para Alejandro Aravena, viene a reforzar ciertas posiciones en este debate. La tipología Aravena de una vivienda progresiva ha dado la vuelta al mundo, reenfocando la atención de ciertos círculos de opinión, y aportando a formalizar un giro disciplinar más social en arquitectura. Más allá de la propia innovación traída por los proyectos de Aravena y su empresa “Elemental” –que como casi todo en arquitectura no es completamente nueva (y seguramente el lector más especializado habrá identificado referencias a otras propuestas realizadas en el pasado, tanto en Chile como en el extranjero)–, lo interesante es justamente esta innovación se instala en un momento de replanteo de la política habitacional. Vale preguntarse entonces: ¿de qué manera este modelo interviene ante la crisis del modelo de vivienda de la última década?
Principalmente, podría decirse que el modelo Aravena sería un salvavidas al subsidio de vivienda básica (actual subsidio fondo solidario). La fórmula utilizada por el modelo Aravena plantea llegar a resolver la tensión entre el producto digno (a) y el financiamiento mediante la proyección de una casa ideal y la entrega formal de una mitad de ésta, la que en una primera fase es funcional por sí misma, para su posterior ampliación y totalización (c). Esto implica reemplazar la ecuación del financiamiento del subsidio de vivienda básica:
subsidio + ahorro familiar = vivienda pequeña terminada (b)
por una ecuación:
subsidio + ahorro familiar = ½ vivienda
½ vivienda + ahorro familiar = vivienda ideal terminada (c)
y acabar con la idea que el Estado por sí mismo puede entregar vivienda digna, transfiriendo parte de esa tarea a las familias (y con ello, nuevamente a su presupuesto y capacidad de ahorro), lo que se refuerza con la participación de estas en el proceso. Más que una innovación que nace de la nada, esta es una demanda cada vez más recurrente en los comités de vivienda, que emerge con el objeto de apalear las deficiencias de la política habitacional. Hasta aquí entonces, lo que se modifica no es la lógica del subsidio, sino que se incorpora expresamente un segundo aporte de las familias, con lo cual el límite de la innovación sería coherente con la visión imperante.
Esto se refleja en la misma apuesta por desarrollar innovaciones a partir de un Do Tank como “Elemental”, en contraposición al más clásico modelo de Think Tank. Es decir, una organización que implementa ideas, y no una generadora de conocimiento con el objeto de influenciar debates público y dotar de herramientas a actores influyentes. Al transferir más responsabilidad a las familias se toma como constante la lógica subsidiaria y privatista de la política pública; y como variables “flexibles” los futuros usuarios, de los cuales termina dependiendo toda innovación. De esta manera, para implementar ideas mediante acciones inmediatas y difundir esa acción como una innovación es necesario apegarse al límite de lo institucionalmente posible. Entablado este punto es donde podemos llegar a debates, desde mi punto de vista, más fecundo.
Al día de hoy, varios analistas[5] han criticado a Aravena, por colocar una lógica que responsabiliza a las propias familias del producto vivienda en lugar de hacer al Estado responsable. De similar manera –aunque guardando ciertas distinciones– este debate ocurría en los años setenta, cuando durante la Unidad Popular se desestimaron los programas de autoconstrucción asistida[6] por ser ineficientes y basarse en la autoexplotación del trabajador (MINVU, 2010), o, desde un plano más teórico, el arquitecto colombiano Emilio Pradilla añadía que en la autoconstrucción promovida por el Banco Mundial, de la mano del arquitecto inglés John Turner, generaba, a lo menos, una doble articulación con el sistema capitalista al consumir materiales comerciales y mano de obra, y otorgar nuevo valor a materiales de deshechos (Pradilla, 1978). ¿Pero volver a este debate sería un retroceso?
Por el contrario, al mismo tiempo que el modelo Aravena da un respiro a la lógica subsidiaria, instala un debate que nos permite “pensar fuera de la caja”, o más bien pensar más allá del monto adecuado de tal o cual subsidio. Si bien, tomar el modelo Aravena como la panacea sería quedarnos frente a la frontera, diluyendo el problema a pequeños problemas puntuales de autoprovisión de ampliaciones, rechazarlo sería desconocer las posibilidades de esta contingencia. Engels (1873) concluía en “Contribución al problema de la vivienda” que el problema de la vivienda era constantemente trasladado por la burguesía, espacialmente. En este caso podrías asociar ese traslado a la transferencia de una parte cada vez mayor del problema al ahorro familiar y la inversión en construcción, evitando las contradicciones centrales del capitalismo, que hoy se expresan en la especulación de suelo y monopolización de la producción inmobiliaria, y que las clases populares asuman el problema estructural y no sólo una expresión parcial.
En suma, no hay nada de malo en que una familia amplíe su vivienda, sino que ello sirva para prolongar la lógica central subsidiaria, y por tanto la articulación del mercado y el Estado. Existe la posibilidad de repensar la acción y las formas que adquiere el propio Estado o, si se lo prefiere, las formas de lo público no-estatal, en la provisión de vivienda. Más allá de los resultados actuales, lo interesante de esta apuesta es el potencial de inserción de actores al proceso. Que la responsabilidad transferida a la ciudadanía pueda adquirir formas que tengan mayor injerencia en el proceso (como el ejemplo de autogestión habitacional y cooperativismo en América Latina, inclusive en Chile). El premio de Aravena quizás nos trae la posibilidad de instalar en el debate público cuestionamientos fundamentales, por décadas olvidados ante el interés casi exclusivo por sofisticar la herramienta subsidiaria. Cuestionamientos que permitan ir más allá de los límites de la visión hegemónica.
[1] A partir del período de Frei Montalva (1964-1970) , condición que se traduce en una superficie mínima de 50m2 y la disposición de equipamientos comunitarios (Plan de Ahorro Popular, 1965).
[2] MINVU apud, Haramoto, Letelier y Sepúlveda (1983).
[3] Definición extraída de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (1975), hoy vigente.
[4] Como versaban los folletos y documentos publicados por el MINVU a finales de los setenta, la vivienda es “un bien que se adquiere con esfuerzo y ahorro de la familia. El Estado reconoce este esfuerzo y lo comparte subsidiariamente” (Haramoto, Letelier y Sepúlveda, 1983).
[5] Columna de opinión de Fabián Barros: La desigualdad es Elemental
[6] Programas como el Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua (PRACAM) (1951), y Operación Sitio (1967).
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