La planificación urbana en Chile es una práctica que puede oscilar entre viciosa y virtuosa, dependiendo del contexto y de las decisiones políticas que la enmarcan. Esta reflexión analiza cómo la discrecionalidad en la toma de decisiones urbanísticas favorece a la iniciativa privada sobre el interés común, y cómo un liderazgo político con ética puede transformar esta dinámica hacia una justicia urbana.
En Chile, la planificación urbana se caracteriza por la discrecionalidad ejercida por las autoridades políticas, facultadas por ley para aprobar los instrumentos urbanísticos. Esta discrecionalidad, en teoría no arbitraria, favorece la reproducción de ingresos y riquezas y ofrece oportunidades de desarrollo. Sin embargo, bajo el discurso del crecimiento económico y la atracción de capital, esta práctica ha puesto el foco en la iniciativa privada, dejando de lado el interés común.
El eje gravitacional de la decisión política se basa en el valor asignado por la hegemonía del libre mercado a la iniciativa y propiedad privada. Consecuentemente, la planificación urbana se vuelve funcional a la lógica del capital privado, favoreciendo su concentración. La función pública se ejerce de manera predominantemente ideológica y económica, enraizada en la institucionalidad estatal, que domina los actos administrativos relacionados con la planificación urbana.
La práctica de la planificación urbana en Chile, en el contexto de un neoliberalismo urbano, se caracteriza por un fuerte dominio privado que mandata a la función pública, en el contexto de un neoliberalismo urbano. Así también, ha contribuido el desarrollo de estrategias de participación ciudadana formales, institucionalizadas, organizadas, abiertas, pero no vinculantes a la toma de decisión de los procesos de planificación urbana. Es decir procesos de participación consultivos y no resolutivos, ni deliberativos. Ergo desacreditados, a la luz de la experiencia, de la visibilización de sus resultados y de los efectos regulatorios. Todo lo anteriormente descrito como práctica predominante que se ha querido denominar a la luz de esta reflexión como una planificación urbana viciosa de la ciudad neoliberal.
Es dable considerar como excepciones, perfiles de autoridades con voluntad política. Esto se expresa en la proyección de un liderazgo político, que representa la voz de las comunidades desfavorecidas y hasta excluidas respecto a los beneficios del desarrollo urbano. Excepcionalidades que responden a éticas individuales – personales y no a una ética pública – institucional. En este contexto, es dable razonar sobre la teoría de la justicia, para orientar ciertas actuaciones públicas en el contexto de la realidad social que nos asiste.
Un contexto en el cual prevalecen las desconfianzas hacia las diferentes instituciones del Estado, así como resentimiento, hostilidad y reclamaciones de dignidad en los hechos del estallido social. Todo ello, amenaza la obtención de resultados justos, en términos de práctica cívica e institucional de procesos de planificación urbana participativos para la consecución de una sociedad más justa. Así también parece poco factible en este contexto social, político e institucional, lograr equidad de los acuerdos de cooperación voluntaria, consensos o pactos sociales.
Una práctica virtuosa de la planificación urbana perseguiría lograr mayor equidad e integración, incidiendo directamente a través de sus ámbitos de aplicación, en la producción / reproducción de espacio urbano y en la distribución / redistribución de los bienes públicos en la ciudad. Esto valorando y ejerciendo su función pública para el logro de un modelo territorial según su alcance procedimental e instrumental, interviniendo en la ciudad mediante la norma urbanística. Un derecho público administrativo que se ejerce sobre el derecho civil privado, a favor del interés común cuya finalidad es la justicia urbana en los términos de garantizar el derecho a la ciudad.
La equidad como práctica en el contexto actual, se visualiza como efecto de procesos democráticos deliberativos, orientados hacia la culminación de pactos comunitarios o un acuerdo social. Esto, en base a una distribución adecuada de ingresos y riqueza que considere la igualdad de oportunidades, de beneficios y cargas. Así también, atienda la cooperación social, aportando orientaciones para las actuaciones estatales en materia de iniciativas públicas y su consecución de la justicia como ideal normativo de la sociedad y por ende de carácter moral.
En síntesis, la planificación urbana en Chile, tanto viciosa como virtuosa, está en permanente conflicto en el proceso de decisión sobre la producción de espacio y distribución de bienes públicos. Este conflicto es fundamental para alcanzar una ciudad justa en Chile y Latinoamérica.
En esta sección, ofrecemos una colección de artículos y análisis que reflejan nuestra visión sobre la planificación urbana y el desarrollo de ciudades y barrios. Nos proponemos crear un espacio dinámico para explorar y debatir los temas más actuales y emergentes del sector.
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