En el marco de la reciente actividad organizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile en torno a las Zonas de Interés Público (ZIP), el conversatorio de cierre entre académicos y consultores expuso, entre otras cosas, una afirmación que merece atención. Se deslizó la idea de contraponer los procesos de planificación con el desarrollo de proyectos concretos, bajo el argumento de que lo que verdaderamente “vive” la ciudadanía es el proyecto. En esa línea, se sostuvo que “tenemos proyectos malos con planes reguladores, y proyectos buenos sin plan”, sugiriendo que lo segundo resultaría preferible.

Este planteamiento se funda en una dicotomía que resulta equívoca. La planificación y los proyectos no constituyen esferas excluyentes, sino dimensiones interdependientes del desarrollo urbano. Mientras la planificación establece una visión estratégica de largo plazo y un marco normativo para orientar las transformaciones territoriales, los proyectos materializan esa visión en un tiempo y espacio determinados. Presentar ambos ámbitos como opuestos desconoce la relación estructural entre la estrategia y la acción, entre la construcción de un horizonte común y la implementación de intervenciones puntuales.

Desde esta perspectiva, incluso un “buen proyecto” elaborado sin el amparo de un plan regulador supone, de manera implícita, una visión de futuro que aporta al conjunto. Proyectar implica siempre anticipar un uso, una función o un modo de habitar en un contexto determinado, ya sea barrial, económico o ambiental. La diferencia crucial radica en si esa visión es compartida, coherente y articulada con el resto de la ciudad, o si responde únicamente a intereses particulares que, eventualmente, pueden profundizar desequilibrios urbanos y sociales.

Los procesos de planificación territorial cumplen justamente la función de dotar de coherencia y equidad a esa diversidad de visiones. Aunque no se perciban en la vida cotidiana con la inmediatez de un proyecto construido, son el espacio institucional que nos hemos dado como sociedad para procesar los conflictos, armonizar intereses contrapuestos y construir acuerdos respecto del desarrollo futuro de la ciudad.

En Chile, la planificación no es un ejercicio abstracto, cuenta con una legislación que ha sido perfeccionada a fin de otorgar mayores niveles de transparencia y legitimidad a las decisiones urbanas. La incorporación de la Imagen Objetivo en los planes reguladores comunales, a partir de la Ley N° 21.078 sobre Transparencia del mercado de suelo, constituye un avance en este sentido. Se trata de una instancia intermedia de deliberación y consulta ciudadana que explicita las principales decisiones de un proceso de planificación, con sus fundamentos técnicos y objetivos territoriales, antes de la etapa normativa. Este procedimiento, junto con la Evaluación Ambiental Estratégica, responde a la necesidad de fortalecer la pertinencia territorial de los planes y de reducir los márgenes de discrecionalidad en contextos donde la corrupción urbana ha erosionado la confianza pública.

En contraposición, confiar exclusivamente en la calidad de los proyectos como motor de desarrollo urbano implica una apuesta riesgosa. Significa delegar en la sensibilidad y ética de cada desarrollador la orientación de la ciudad, apelando a una suerte de excepcionalidad creativa o a la capacidad de decisión de expertos desvinculados del escrutinio ciudadano. El resultado es una fragmentación del territorio en múltiples imágenes de futuro inconexas, que diluye la posibilidad de enfrentar de manera coordinada los desafíos de la multicrisis urbana contemporánea: desigualdad, cambio climático, déficit habitacional y deterioro ambiental.

La discusión, por lo tanto, no debería situarse en una supuesta dicotomía entre planificación y proyectos, sino en la construcción de visiones de desarrollo compartidas. En este ámbito, la legislación cuenta con el mecanismo institucional para procesar conflictos y orientar el desarrollo de la ciudad y sus proyectos, capaz de modular prioridades y equilibrar intereses. Los proyectos son indispensables, pero carecen de sentido pleno si no se inscriben en un marco planificado que garantice coherencia, equidad y sustentabilidad en el tiempo.

Más que optar entre planificación o proyectos, el desafío radica en reconocer que ambos se requieren mutuamente. La ciudad necesita tanto de la visión estratégica como de su materialización concreta, y es en la articulación de ambas dimensiones donde se juega la posibilidad de un desarrollo urbano verdaderamente integrado y sostenible.